Cinco comunidades mineras de la Gran Sabana entregaron sus propuestas de trabajo

Santa Elena de Uairén.– Cinco de las comunidades mineras del municipio Gran Sabana, específicamente las ubicadas en el sector siete del pueblo pemón, entregaron ayer sus propuestas para continuar ejerciendo la actividad, incluso en combinación con otros rubros como la agricultura y el turismo.

Como estaba previsto, este lunes se instalaron en el aeropuerto de la capital de la Gran Sabana, las mesas en las que participaron los voceros de los trabajadores de la minería y representantes de la Gobernación de Bolívar, de la Alcaldía, de la Asamblea Nacional, de los ministerios de Ambiente y Energía y Petróleo y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

De entrada, Milly Hernández, directora del Ministerio del Ambiente en el estado Bolívar, dejó claro que se trata de una actividad que está prohibida en la región hidrográfica correspondiente al río Caroní, especialmente por su importancia hidroenergética. “En la cuenca del Caroní es nula la minería”, dijo, a pesar de que dejó ver que podría haber algunas áreas en las que se pueda laborar.

Segunda cita el día 29

Yumelis Viloria, diputada a la Asamblea Nacional por Bolívar, se comprometió a coordinar con las instituciones la continuación del diálogo en torno a los proyectos de las colectividades organizadas en función de la legalización de esta actividad.

“Ya con esto somos las instituciones las que vamos a continuar con las mesas de trabajo”, dijo, teniendo entre sus manos los documentos elaborados y consignados por las comunidades indígenas y no indígenas que vienen laborando en las minas de la zona de Ikabarú, la segunda parroquia del municipio Gran Sabana.

El siguiente encuentro con los mineros quedó fijado para el próximo día 29 de junio del año en curso.

Propuestas de los colectivos

Juan González, capitán general de una región en donde se encuentran alrededor de 14 comunidades y 3000 habitantes, entregó el Plan de Vida del Pueblo Indígena Pemón del Sector Siete que tiene como núcleos el desarrollo del agroturismo y de la actividad minera controlada.

Dijo que “la minería ilegal ha destrozado muchas cosas (…) A mí no me gusta la ilegalidad que destroza nuestro ambiente. De una vez por todas, demos la legalidad”.

Alfredo Pérez, capitán de Buena Vista de Wamé Wakén, presentó el pre proyecto de la Asociación Cooperativa Kamará-pa, identificado como Métodos Alternativos para una Minería Ecológica Sustentable en el Tiempo.

Argumentó que la minería trae con ella vicios como la drogadicción y especialmente el alcoholismo. “Apoyo a la minería, pero de manera organizada y controlada”, dijo.

La Cooperativa Mixta Minera de Ikabarú sometió a la consideración de las autoridades el informe surgido a propósito de la visita de los técnicos del Instituto Nacional de Minería y Geología de Venezuela (Ingeomín) a las áreas de intervención de este colectivo.

Eulises Ramos, del Consejo Comunal de Ikabarú, dijo que en ese documento se manifiesta que es posible y sustentable la pequeña minería en las zonas en donde se viene desempeñando la cooperativa.

Se depositó también el ante proyecto Propuesta para la Creación de una Empresa Mixta Aurífera en el Sector Ikabarú del Municipio Gran Sabana.

Jorge Gómez, capitán general del sector seis, consignó el Acta de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas de las Comunidades Indígenas de Apoipó y

Betania, en la cual proponen algunas alternativas para continuar generando su sustento por medio de la minería.

Finalmente, el Sector La Faiska, presentó un proyecto de Cultivo Ecológico.

El origen del problema

A comienzos del mes de mayo pasado, un grupo de mineros indígenas y no indígenas de la zona de Ikabarú protestó ante las autoridades locales, regionales y nacionales los supuestos abusos cometidos por los efectivos militares adscritos al Plan Agata Centinela IV y simultáneamente reclamó la legalización de la pequeña y mediana minería en el Municipio Gran Sabana.

El día 18, al no obtener respuesta por parte del Alto Gobierno, los mineros procedieron a cerrar el acceso a Santa Elena de Uairén y la vía hacia Brasil, al obstaculizar el paso sobre puente del río Wará.

Cinco días más tarde, Franciso Rangel, gobernador de Bolívar, coordinó la celebración de una reunión con los despachos involucrados en el cese minero, logrando la culminación de la protesta.

En ese encuentro se decidió la instalación de unas mesas de trabajo entre las partes. La primera reunión del grupo tuvo lugar ayer.

http://www.nuevaprensa.com.ve/site/articulo/35673/Cincocomunidadesminerasentregaronsuspropuestasdetrabajo/

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