La minería en Perú se debate entre amor y odio

Pro y contra. La actividad extractiva genera ingresos importantes para el erario público. Sin embargo, el ciudadano no lo siente así. En los últimos meses se ha convertido en fuente de conflictos. Las compañías son acusadas de contaminación.

La tercera parte del presupuesto público proviene de los  aportes de la minería. Del Impuesto a la Renta que pagan las mineras por utilidades, la mitad  es redirigido a los gobiernos regionales y municipales. Con ese dinero se financian la ejecución de obras: construcción de carreteras, centros de salud y colegios.

Sin embargo, a pesar de ese aporte, existe una fuerte oposición a los nuevos proyectos mineros. Las violentas protestas en la provincia cusqueña de Espinar en contra de Xstrata Tintaya y en Cajamarca en rechazo a Conga son solo una muestra de lo caldeado que están los ánimos. ¿Pero son fundados los temores de contaminación ambiental o existe un componente de manipulación política?

Para el coordinador del grupo Diálogo Minero, José Luis López,  existe dentro de las comunidades una real preocupación sobre los posibles daños ambientales, sin embargo, hay grupos que se valen del desconocimiento para maximizar los daños y achacárselos a la actividad minera sin pruebas. En Espinar se acusó a la minera  de contaminación. Las denuncias se formularon con un estudio de SENSOPAS que advierte presencia de contaminantes en el área de influencia del proyecto Quechua.

“El extremismo se debe evitar, genera mucho daño. Deben instalarse comités de monitoreo para comprobar responsabilidades. Para eso es necesario un Ministerio del Medio Ambiente (Minam) fuerte (con más presupuesto y personal) para que actúe de oficio, sin exageraciones”, dice.

Jesús Gómez Urquizo, especialista en Derecho Ambiental y docente universitario, cuestiona la aparición de caudillos con intereses propios e ideología seudo ambientalista, falsos líderes que cogen la preocupación para obtener un beneficio económico o réditos políticos. Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, y sus deseos de postular a la presidencia de la República, son un ejemplo de esto. Sin embargo pone en tela de juicio los estudios de impacto ambiental (ver despiece)

ESTADO INEFICIENTE

El 64.4% de habitantes de Espinar es pobre, a pesar de los 300 millones de soles que recibió en 2011 de presupuesto estatal. El 80% de estos recursos proviene del canon, sobrecanon y regalías mineras. En la zona urbana carecen de servicios de salud y educación de calidad, cuentan con agua un par de horas al día. En poblados con un Estado ausente es fácil que las protestas se enciendan.

El sociólogo José Luis Vargas aclara que, más que una ausencia, hay una ineficiencia del Estado. “Las autoridades locales representan al Estado, por eso es ilógico que salgan a protestar en contra de él. Pero además hay una inoperancia de ellos; tienen grandes presupuestos pero no saben cómo gastarlos”, explica.

Según Vargas, se han realizado capacitaciones para mejorar la gestión gubernamental de los alcaldes y regidores. “Es cierto que aún es insuficiente la capacitación ya que es un proceso a largo plazo. Pero no solo es un problema de gestión, sino de voluntad política. Esta “minerofobia” obedece a un componente ideológico”, dice.

AYUDA TÉCNICA

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), Rómulo Mucho, indica que la población peruana aún no es consciente de la potencialidad de la actividad minera.

“Por eso es importante la labor de las universidades. Los expertos deben participar en los diálogos para que expliquen los tecnicismos. Las universidades son el brazo técnico del desarrollo, deben formar jóvenes que apoyen desde diferentes escenarios”, dice. ♣

Fundadas razones para desconfiar de los estudios ambientales

Otro elemento que genera desconfianza en la población son los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son considerados como poco transparentes, ya que son financiados por la misma empresa minera.

“Como la empresa ha pagado a la consultora, la población cree que el EIA se ha hecho a gusto del cliente. Hay que transparentar ese proceso. En otros países, el propio Estado determina qué consultora realizará el estudio para determinada empresa”, indica Jesús Gómez Por su parte, López propone que la aprobación de los EIA de parte del Estado, esté a cargo de un ente técnico como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), que  pertenece al Ministerio del Medio Ambiente.

“Así la decisión ya no dependerá solo del Ministerio de Energía y Minas, que, a veces en estos casos, funciona como juez y parte”, indica el coordinador de Diálogo Minero.

 

http://www.larepublica.pe/03-06-2012/la-mineria-en-peru-se-debate-entre-amor-y-odio

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