Colombia: El litigio por una montaña de oro

En Marmato, Caldas, hay una montaña de oro que se disputan los pequeños mineros y una multinacional que cotiza sus acciones en la bolsa de Toronto, Canadá.

Y además el ambiente está enrarecido por el asesinato del cura párroco del municipio, José Reinel Restrepo Idárraga, quien lideraba el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, que representa a 1.500 mineros opuestos a la explotación a cielo abierto que pretende hacer la compañía canadiense Medoro Resources. Es allá en Marmato, el cuarto municipio más antiguo de Colombia, donde desde 1536 cientos de generaciones le han arrancado al filo su riqueza.

Ahora Medoro, o Gran Colombia Gold (esta última compró a Medoro en junio del presente año), le recuerda a sus habitantes otros nombres de compañías extranjeras que ansiaron tener el “Potosí”. Las primeras fueron The Colombian Mining Exploration Company Limited, The C. W. Syndicate Limited, Mineco, Corona Golfy hasta Medoro, que hizo su entrada a ese filo en enero de 2010.

Su primera decisión estratégica fue comprar, por 33 millones de dólares, a Mineros Nacionales, una empresa de origen caldense que todos los días explota 800 toneladas de mineral, de los que extrae 2.400 gramos de oro.

La medida estándar en la que se vende el oro es la onza, que equivale a 31 gramos (onza troy, usada únicamente en joyería y orfebrería, para pesar metales preciosos). Hoy, en el mercado internacional, una onza del mineral equivale a 1.900 dólares. Es decir que, en cifras rigurosas, Mineros Nacionales (ahora de Medoro) produce, al día, 77 onzas de oro que corresponden a 146.300 dólares o 263 millones 340 mil pesos.

Y si el presente año Mineros Nacionales tiene estimado explotar 292 mil toneladas de mineral, de las que sacaría 876.000 gramos de oro (casi una tonelada, es decir un automóvil hecho en oro puro) el interés de Medoro es comprensible.

Esto va jalonado por el incremento exponencial de los precios del metal en lo corrido de 2011 (de 1994 a la fecha se ha incrementado en un 394 por ciento).

Pero como la veta ya no está en la zona baja, según la sabiduría popular de los mineros, esta corporación canadiense quiere explotar la parte alta del filo. Y es allí donde está el meollo del litigio que tiene enfrentados a la empresa y a los pequeños mineros.

Para entender el problema hay que decir que el presidente Mariano Ospina Pérez dividió en dos, en 1946, la zona aurífera del municipio.

La parte baja la asignó para que las grandes compañías nacionales y extranjeras hicieran explotación a gran escala. Y la parte alta se definió para que los pequeños mineros realizaran actividades de minería menor y artesanal.

A la fecha Medoro o Gran Colombia Gold ha comprado 100 títulos mineros en la parte alta de la montaña, que antes pertenecían a la empresa Mineros de Caldas y a pequeños mineros.

Entonces el riesgo es, dice el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, que la corporación canadiense quiera hacer una minería a cielo abierto, que es una explotación aurífera industrial. Eso implicaría menos trabajadores y que los 475 años de tradición de pequeña minería desaparezcan para siempre.

Comprar el título del socavón
Cuando el viajero llega a Marmato, que en total tiene 10 mil habitantes, no advierte que en una montaña tarjada que termina en punta (como un triángulo) por donde discurren quebradas de cianuro, se encuentra la segunda reserva de oro del país.

El panorama es el siguiente: mientras Mineros Nacionales explota de manera tecnificada, y con todos los estándares profesionales y legales la parta baja, los geólogos de Medoro se encuentran en campamentos distribuidos por toda la montaña haciendo exploraciones para identificar la cantidad de oro que podrían extraerle.

Entretanto los pequeños mineros explotan los socavones en las zonas de Cienpesos, Echandía y el Manzano. También aprovechan los fines de semana para reunirse y protestar por lo que ellos llaman las “intenciones abusivas” de Medoro, que quiere “obtener un lucro económico enorme a costa del desplazamiento de la población marmateña”, tal y como dice ese Comité Cívico.

El mismo que se conformó en respuesta a la compra masiva de títulos de minas y el interés de la compañía de hacer la explotación a cielo abierto, que podría provocar el desplazamiento de cinco mil personas al sector del Llano (parte baja del municipio) y la destrucción de su centro histórico.

Pero Medoro o Gran Colombia Gold asegura estar amparada en la ley y, también, que se ha ceñido a las normas que imponen las autoridades mineras del país y que está dispuesta a conciliar con los mineros.

Pero estos le han respondido con pancartas, negativas de abandonar las minas que son propiedad de la empresa e incluso con una manifestación que recorrió las principales calles del pueblo el pasado 30 de julio.

Una semana después (el 8 de agosto), en declaraciones al programa Oriéntese, el padre José Reinel Restrepo Idárraga reiteró su rechazo al potencial desplazamiento del municipio:

“Si a mí como párroco Medoro me dice que usted tiene que irse, yo, con respeto y sin ser grosero, les diría: un momentico, lo que yo tengo es que morirme. Y si a mí me van a sacar de acá, tengo que decir: un momentico, a mí me tienen que sacar a bala o a plan, pero obligadamente a salir de acá, no”.

Restrepo Idárraga fue más allá y en la misma entrevista le pidió al pueblo de Marmato protestar contra Medoro. “Y así hubiera que hacerlo en algún momento por medios más fuertes (…) me atrevería a pensar que sí hay que recurrir, en última instancia, al medio de la violencia”, dijo el padre.

Por considerar que era necesario que el país conociera el caso de Marmato, el padre Restrepo Idárraga viajó por primera vez en su vida a Bogotá. El 23, 24 y 25 de agosto visitó junto con otros líderes la Conferencia Episcopal, Redepaz, diversos medios de comunicación y la ONU, para sumar voces de protesta contra la posible explotación a cielo abierto.

Pero el pasado primero de septiembre le quitaron la vida al sacerdote en una vía que comunica a Mistrató con Belén de Umbría, en Risaralda. Restrepo Idárraga estaba de visita en una de las comunidades donde había prestado sus oficios y allí fue asesinado, sin que hasta ahora se sepan los móviles y la identidad de los responsables.

Gran Colombia Gold se pronunció por este asesinato y les pidió a las autoridades investigar el crimen y esclarecer lo sucedido. “Reiteramos, desde la compañía, nuestro pleno rechazo a cualquier acto de violencia”, expresó el comunicado de la multinacional.

Los mineros de Marmato se quedaron esperando al padre. Ellos contaban con la presencia del líder de su protesta. El día que encontraron su cadáver, según la Policía Nacional, no tenía sus documentos y dos maletines que cargaba. Pero los atacantes no se llevaron su motocicleta Suzuki GN 125.

La pelea en los estrados
“Solo nos queda comprar 14 títulos mineros para tener el total de las minas en la parte alta de Marmato”, afirmó Alessandro Secchi, director del proyecto de Marmato de Gran Colombia Gold (o Medoro).

Secchi explicó que cualquier tipo de explotación, sea a cielo abierto o subterránea, “no va a permitir hacer minería” como la hacen los pequeños mineros. Sin embargo, aseguró que con el ánimo de conciliar buscan mantener la presencia de los trabajadores que actualmente laboran en la zona alta, bajo “reglas distintas”, dándoles la posibilidad de tener contratos de operación para que sean legales”.

“Podemos ofrecerle a la comunidad una mejor vida de la que tiene ahora, desarrollando la parte minera y todo lo que está asociado con ella”, reiteró Secchi. Otra cosa piensa Yamil Amar, actual líder del Comité Cívico y propietario de dos de los 14 títulos mineros que Medoro no ha podido obtener. “Ese es el cuento que ellos están llevando. Pero los más viejos sabemos de estas historias porque no es la primera compañía que llega por la fiebre del oro. Prometen, están aquí y luego se van y no cumplen”, dijo Amar.

También está la situación de 500 mineros que explotan alrededor de 40 minas y cuyos títulos son de Medoro (de los 100 que compró en la parte alta). Los mineros o “guacheros” (así nombran a quienes trabajan la minería en propiedad ajena) afirman tener derecho sobre las minas que Mineros de Caldas cerró en el 2006 (decenas de hombres perdieron sus empleos) a las que Medoro compró sus títulos en 2010.

“El Código de Minas expresa que si una mina es abandonada, a los seis meses, el dueño pierde el título minero para poder explotarla. Pero Medoro llega después y compra los títulos sobre estas y ahora nos pide que las desalojemos”, relató John Fredy Muñoz, líder de los 150 mineros que explotan la mina El Patacón, cuyo título es propiedad de Medoro.

Según un abogado experto en legislación minera, este litigio tiene pocas posibilidades de prosperar. “En este caso, la caducidad de la mina nunca se dio, porque quien debe declararla es la autoridad minera y esto no se hizo por la misma debilidad institucional. Entonces, los títulos, desde el punto de vista legal, son de Medoro”, dijo el jurista, quien pidió reservar su identidad y criticó la legitimidad que tiene la multinacional sobre los títulos.

“Esta gente lleva trabajando de generación en generación las minas, explotándolas de manera artesanal y viene una compañía, compra los títulos, empieza los estudios para hacer una explotación a cielo abierto, y le dice a la gente que se tiene que ir. Ya generaron un problema social grave”, analizó el abogado.

Frente a la situación, la compañía afirmó que ha buscado los acercamientos con los mineros, pero ellos responden que simplemente han venido a desalojarlos.

“Desde cuando nosotros estamos, en enero de 2010, no hay un solo minero que ha sido desalojado, no hay una sola mina que ha sido cerrada. E incluso en varias minas hemos logrado acercamientos y acuerdos”, refutó Secchi.

Ante la denuncia de algunos mineros de que Secchi directamente ha ido a decirles que los va a desalojar, el directivo sostuvo que eso, nunca. “No podemos decirle al minero eso, porque no somos la autoridad, como compañía no podemos sacar a nadie. La única cosa que hemos hecho son los amparos administrativos, que son un instrumento legal para poder mantener nuestros derechos sobre los títulos mineros de nuestra propiedad y que está invadida”, respondió Secchi.

A la fecha Medoro ha interpuesto, ante Ingeominas, 40 amparos administrativos sobre las minas que fueron compradas y que los pequeños mineros se niegan a desalojar.

El caso de Echandía
Muy distinto es el caso de José Rubén Tapasco Díaz a quien Ingeominas le ordenó desalojar la mina El Colal y que él mismo, junto a un grupo de trabajadores, lleva explotando desde 1996 en el sector de Echandía.

Este minero se encuentra instalado en un RPP (figura antigua en la ley colombiana que surge de los reconocimientos de propiedad privada que el Estado ha venido haciendo desde la Constitución de 1886) en la que la compañía Croesus tenía varias minas y decidió cerrarlas a mediados de los 90 por la crisis en los precios del oro. Allí llegó Tapasco Díaz, que de barequero pasó a romper la montaña y a acumular una pequeña riqueza.

También Medoro compró todos los títulos mineros en Echandía e interpuso un amparo administrativo ante Ingeominas para que Tapasco Díaz renunciara a la explotación de la mina y saliera del sector.

Mediante una resolución (446 del 3 de junio de 2011), la autoridad minera falló a favor de Medoro y ordenó el desalojo.

Sin embargo, Tapasco Díaz interpuso un recurso de reposición al considerar que Ingeominas no es la entidad competente para resolver esta querella, porque según él esta autoridad desconoció la minería de hecho que desde hace más de 10 años realiza, y por la cual ha pagado impuestos y regalías, tal como le exige la ley.

De hecho, Tapasco Díaz hizo la solicitud expresa del título minero en 2003 sin que a la fecha haya sido resuelta.

Según el jurista minero consultado, la autoridad competente, en caso de que Ingeominas lo fuera -que a juicio suyo no lo es- debe buscar la conciliación entre la minería de hecho con más de 10 años de antigüedad y el acreedor del título minero, “ya que Tapasco Díaz cumple con el tiempo para que el Estado entre a mediar entre las partes, según la Ley 685 de 2001 y la Ley 1382 de 2010”.

La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382, porque no se consultó a las comunidades indígenas y le dio dos años más de vigencia a la norma para que se subsanara ese defecto.

En ese sentido el decreto 2715 de 2010 (reglamentario de la Ley 1382 de 2010), en su artículo 1, dice expresamente que “para todos los efectos del trámite y resolución de solicitudes de legalización se entiende por minería tradicional aquella que realizan personas o grupos de personas o comunidades que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional y que acrediten los siguientes dos (2) requisitos: a) que los trabajos mineros se han adelantado en forma continua durante cinco (5) años a través de la documentación técnica y comercial y b) una existencia mínima de diez (10) años anteriores a la vigencia de la Ley 1382 de 2010”.

Entonces, Tapasco Díaz se preguntó: “¿Por qué nunca me respondieron ante la solicitud de legalización de la mina y sí tienen la capacidad de resolver un amparo administrativo que hace una multinacional?”.

Finalmente, el jurista consultado manifestó que es “pasmosa” la situación de “marginalidad del Estado” frente a esta problemática, pues “la ley es clara en que debe ser un conciliador entre las partes, sin embargo se ha dedicado a aplicar la norma en forma ortodoxa y posibilitando que se germine un conflicto social con graves consecuencias”.

Por ahora, en el filo de oro que es Marmato, los mineros aseguraron que seguirán con la protesta pacífica y convocaron a una jornada de solidaridad el próximo 24 de septiembre, denominada “Jornada Nacional Por la Defensa de Marmato, presbítero José Reinel Restrepo”.

Mientras tanto, Medoro espera obtener, en menos de tres meses, los resultados de su exploración para saber la cantidad probada y cuantificable de la cantidad de oro que posiblemente le extraerán a esta montaña. Una montaña por la que luchan dos partes, a la espera de que la justicia brille a su favor.

» Ministerio de Minas busca la conciliación entre las partes

La minería a cielo abierto es más conveniente que la minería de socavón, aseguró el Ministro

 

El Ministerio de Minas y Energía aseguró que su presencia en el municipio de Marmato, Caldas, es permanente y ha buscado crear una mesa de concertación entre los pequeños mineros y Medoro para que se logre un acuerdo.
Carlos Rodado Noriega, jefe de esta cartera, ha repetido en reiteradas ocasiones que “una minería a cielo abierto, en el caso particular de Marmato, es más conveniente que la minería de socavón y tiene que hacerse con un proceso de socialización y diálogo que permita la persuasión de la comunidad”.
Incluso, el 8 de febrero del presente año, Rodado Noriega estuvo en Marmato y se reunió con los pequeños mineros donde expresó que “cuando se plantea sustituir la minería de socavón por una minería de cielo abierto, no se está haciendo con un criterio que atropelle a la comunidad, todo lo contrario, se hace para garantizar la vida y la seguridad a las personas”.
En este encuentro también fueron analizadas las condiciones geológicas que generan inestabilidad en la parte alta, donde, según el Ministerio, se han realizado explotaciones mineras sin condiciones técnicas adecuadas ni planificación integral.
Mediante un informe entregado a EL COLOMBIANO la cartera de Minas y Energía aseguró que son su responsabilidad la seguridad industrial de los trabajadores y las condiciones técnicas que deben cumplir las explotaciones subterráneas en Marmato, ajustadas a las normas ambientales.

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_litigio_por_una_montana_de_oro/el_litigio_por_una_montana_de_oro.asp

 

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