Ley de Minas del estado Bolívar y su influencia en la minería sustentable

“Pareciera mentira, pero muchas veces necesitamos asumir ciertas responsabilidades para terminar de entender la importancia que tiene para los seres vivos el conservar los recursos naturales y aún más, cuan importante significa aportar y apoyar proyectos que permitan el aprovechamiento de minerales de manera científica  y  racional,  procurando siempre la optima recuperación o extracción del recurso minero, con arreglo  al principio de desarrollo sostenible y sustentable dirigido a los más desprovistos”.

Creo sin equívoco y sin ánimo de subestimar criterios de especialistas, precursores relacionados al área, dolientes de este Estado y de sus Recursos Naturales; es lo que de una u otra forma percibo,  persigue la Ley de Minas del Estado Bolívar cuya reforma fue impulsada por el Ejecutivo Regional y que con mucho celo, tratamos de hacer cumplir en el Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB). Sabemos, que ciertamente  no tenemos la verdad verdadera ni el control absoluto de lo que implica la minería,  la geología y normas vanguardistas relacionadas al área, pero entiendo que debemos aportar nuestras máximas de experiencias y conocimientos técnicos a fin de contribuir, en la conservación  de éste territorio bendito por Dios.

 El estado Bolívar, como entidad política autónoma, organizada y con personalidad jurídica plena, regida por la Constitución de la República  Bolivariana de Venezuela, Constitución del estado Bolívar, Leyes  y Ordenanzas; por intermedio de sus órganos competentes, defensores de la soberanía plena de la Republica en todos sus espacios geográficos y como vigilante de la correcta administración de sus riquezas, específicamente en lo relacionado a la explotación y aprovechamiento científico y racional de los yacimientos mineros metálicos y no metálicos existentes en el Estado.

Incurrió en la Reforma Parcial de la Ley de Minas promulgada en fecha 30 de Mayo de 2002, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 89 y creadora del Instituto Autónomo Minas Bolívar (IAMIB), ente descentralizado adscrito al Ejecutivo Regional, que entre sus competencias más relevantes tiene:

1. Formar y mantener el inventario de los recursos minerales existentes en el territorio del estado Bolívar; mediante la implementación de estudios geográficos y geológicos del potencial minero no metálico;

 2. Elaborar los estudios geológicos y de investigación para la evaluación de los recursos mineros, prestar asistencia técnica, servicios de laboratorio y de consultoría en las diferentes áreas de su actividad a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas;

3. Elaborar planes y programas de beneficio de los productos mineros, para darles valor agregado, en aras de tener una industria minera al servicio del colectivo estadal;

4. Realizar estudios de las cadenas productivas desarrolladas en el estado Bolívar, así como su rentabilidad;

5. Elaborar el Catastro Minero Estadal, fomentando el ordenamiento territorial;

6. Ejercer el control de la producción, distribución y circulación de los minerales no metálicos, así como la organización, administración y fiscalización de los mismos, procurando una efectiva recaudación de los Tributos Mineros en concordancia con Leyes relacionadas a la materia y con estricto respeto a las normativas y Leyes Ambientales; y la importancia estratégica de los recursos minerales en cuestión;

7. Preparar y manejar las estadísticas relativas a las actividades mineras procurando para ello, la utilización de tecnología de punta y en definitiva, supervisar la comercialización y circulación de minerales no metálicos en el estado Bolívar, exigiendo la comprobación de la procedencia legítima del mineral a todo aquel que los detente, en aras de contribuir a la disminución y progresiva eliminación de las explotaciones ilegales de los mismos, realizando igualmente investigaciones sobre tecnologías aplicables a la actividad minera en sus distintas escalas que apunten a la conservación de los espacios naturales y la recuperación ambiental de aquellas áreas intervenidas por las actividades de explotación de  recursos mineros no metálicos.

Por considerar necesario el fortalecimiento de la norma y la inclusión en la misma de nuevos elementos que permitan al Estado contar con un instrumento jurídico ajustado a las políticas mineras actuales, que respete los principios constitucionales y que le conlleve finalmente, acometer  aquellas obras públicas necesarias para satisfacer los intereses de la sociedad, brindándole a los habitantes de esta hermosa región  la mayor suma de felicidad posible.

  Una norma que cautive la inversión nacional y extranjera, pública y privada con base a  reglas claras de juego, generadora de seguridad jurídica a los inversionistas; y en consecuencia, creadora de incentivos dirigidos a promover el desarrollo de una actividad que incite el incremento de fuentes de trabajo, la ocupación laboral y en definitiva, permita al Estado diversificar sus ingresos, fortaleciendo su gestión, desprendiéndose administrativamente del Estado (Nación).

 Más allá de los motivos someramente expuestos, prevé la Ley de Minas del Estado Bolívar el otorgamiento de Autorizaciones “Eventuales y/o Temporales, a personas naturales o jurídicas de nacionalidad venezolana para la explotación de los minerales no metálicos; de los usados generalmente en la industria de la construcción, como agregados en la fabricación de piezas de concreto, pavimentos, obras de tierras y otros productos similares; materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de aguas, zonas de inundación y otros terrenos aluviales, por periodos muy cortos que no excederán  de un año (01) año, con el propósito de cubrir una necesidad inminente de mineral, para acometer obras de interés público y social, y/o cuando existan circunstancias de riesgo que lo ameriten; modalidad que sin duda alguna, coadyuva directamente en favor de los distintos órganos del Estado, en sus distintos niveles, en agilizar los tramites relacionados con el otorgamiento de permisos para la ejecución de aquellas obras de interés regional y nacional;  como ejemplo de ello tenemos: reparación de vías de comunicación, construcción de soluciones habitacionales y otras que por su naturaleza  requieren de parte del Estado una atención inmediata.

 En ese mismo orden de ideas (Beneficio Colectivo), prevé igualmente la Ley de Minas del Estado Bolívar  en su artículo 39 el establecimiento de Ventajas Especiales  a favor de las comunidades ubicadas en las zonas donde se desarrolle el proyecto minero de acuerdo a su naturaleza, características y magnitud; lo que  sin duda alguna viene a formar parte de un aporte importante para aquellos sectores de la población en la satisfacción de sus necesidades. Siendo entre otros, un elemento dinamizador del  bienestar social de los habitantes de la región.

 Cabe ahora preguntarnos, que estipula la Ley de Minas y su Reglamento General a favor de la conservación del ambiente?  Y me respondo. La vigente Ley de Minas del estado Bolívar,  más allá de fijar  reglas para efectuar actividades de exploración, explotación y/o aprovechamiento de los minerales previstos en el artículo 1ro., de dicha Ley, establece parámetros concretos para efectuar actividades de fiscalización que sirvan para determinar posibles ilícitos relacionados con dichas actividades, estos (Ilícitos) los define, en tres grandes grupos a saber; Ilícitos formales, materiales y técnicos, para los que según su graduación, prescribe sanciones  pecuniarias aplicables a aquellos personas naturales o jurídicas  que ejecuten labores mineras no metálicas con prescindencia total o parcial del cumplimiento de los requisitos de Ley y  que tiendan a degradar el ambiente, ajustándolas según las circunstancias y el grado de reincidencia, no sólo al incremento de las mismas, sino también a la aplicación de normas restrictivas de libertad.

Haciéndonos igualmente responsables como personas a notificar a los entes jurisdiccionales competentes de su ocurrencia (Violaciones a la normativa ambiental), y como funcionarios, a iniciar inmediatamente las averiguaciones que correspondan a objeto de verificar lo denunciado y solicitar la aplicación de las medidas correctivas pertinentes conforme a las normas, leyes, Reglamentos, Ordenanzas Municipales y demás Leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

 Finalmente puedo asegurar, desde mi humilde conocimiento, que con la implementación en la Ley de Minas del estado Bolívar y su Reglamento del  “Cierre de Mina”,  entiéndase….  “Aquellas actividades minero-ambientales que debe cumplir el Concesionario desde el inicio de la exploración hasta el final de la explotación”. Se dotó al Estado de un mecanismo técnico que nos coloca a la vanguardia en lo que respecta a la aplicación  oportuna de medidas mitigantes y de recuperación de aquellas áreas afectadas por la actividad minera metálica y no metálica.

 “Ahora bien, seguro como estoy de la existencia de los Instrumentos Legales mencionados y de normas de aplicación Nacional de orden adjetivas  y sustantivas relacionadas con actividades mineras (Metálicas y No Metálicas), sólo queda que nos convirtamos en vigilantes de la correcta y oportuna aplicación de las mismas y  entes de resguardo de los recursos y geografía del Estado Bolívar.

 Abg. Narciso Figuera M.

Consultor Jurídico del IAMIB

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